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Alarma entre los quioscos de Madrid por el conflicto reparto de prensa

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Angustia. Esta sensación es la que padecen los representantes de kioscos de prensa ante el conflicto en el reparto de prensa en la Comunidad de Madrid. De hecho, en la capital más de 1.500 kioscos y establecimientos comerciales se muestran preocupados por la situación, que les está haciendo acumular pérdidas cada día que abren el negocio.

Las pérdidas diarias, aseguran, son de más de 250 euros y hoy se cumple el quinto día de desabastecimiento de prensa, con lo que este colectivo ya empieza a dudar de la viabilidad de mantener sus persianas levantadas, advierten desde las organizaciones más importantes de autónomos ATA y UPTA.

Reclamación legal a Boyacá

Las organizaciones del sector de puntos de venta de publicaciones, que representan a más del 80% del total de los existentes, han transmitido su angustia por los acontecimientos que están teniendo lugar con el paro patronal que se está desarrollando por parte de los repartidores de prensa que tienen contratados los servicios de distribución a través de la empresa Boyacá.

“Es incomprensible como estas empresas siempre repercuten los efectos negativos de su mala gestión contra los más débiles y sobre todo contra los que en realidad son la verdadera red de ventas de las editoriales, que además son los que menos beneficios recogen de este tipo de comercio”, manifiestan desde las organizaciones más importantes de autónomos.

Han exigido a la empresa Boyacá el restablecimiento inmediato de los servicios de distribución de prensa, emplazándola a resolver esta situación con los mecanismos que estimen oportunos, si es necesaria con personal asalariado de ella.

Además, están reclamando de forma legal las posibles responsabilidades que se desprenderán del incumplimiento de las condiciones recogidas en los contratos realizados entre Boyacá y los puntos de venta.

Denuncia de los «actos violentos»

Por su parte, Boyacá afirmó en un comunicado que «considera inaceptable y muy peligrosa la actitud completamente ilegal de los repartidores, además de ser irracional y coercitiva, y solicita a las autoridades protección ante los constantes actos violentos, organizados y dirigidos contra la compañía y que impiden el normal desarrollo de su actividad». La compañía ha solicitado a la Delegación del Gobierno permiso para recurrir a seguridad privada.

De acuerdo con la compañía, «los repartidores autónomos no mantienen relación laboral con la empresa, sino mercantil. Legalmente, -por tanto-, no tienen derecho a huelga, y lo que están denominando como tal (no ha sido convocada formalmente, ni autorizada, ni cumple servicios mínimos) no es más que una acción ilegal y una forma de extorsión a la compañía y al sector en su conjunto».

Añade el comunicado que «estos 240 repartidores autónomos no forman parte de la plantilla, no son empleados, ni se puede hablar de despidos», sino que tienen contratos mercantiles con la compañía que finalizan el próximo 30 de agosto. «La finalización de estos contratos ha sido notificada y preavisada con 6 meses de antelación (siendo tres meses el plazo pactado) y desde ese mismo comienzo, la compañía ha demostrado su voluntad y buena fe ofreciendo compensaciones adicionales por término de contrato, sin tener ninguna obligación para ello, con el objetivo de facilitar la transición a un nuevo modelo y siempre que no hubiese incidentes como los actuales».

Fuente:https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/25/autonomos/1532546710_224675.html

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